Leonel Campuzano
leocampr@erreizando.com
Mauricio Lozano
mauricio.masses@erreizando.com
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En el contexto actual de la pandemia por el coronavirus, el mundo se ha visto sacudido brutalmente de diferentes maneras. Los efectos de la propagación de la enfermedad a nivel mundial han causado una crisis continua en distintos niveles y sólo hasta ahora, un año después de que se descubrió el virus, se vislumbra una posible vacuna y la pequeña esperanza de que el próximo año la situación mejore para todas y todos. Sin embargo, no podemos negar que una de las múltiples consecuencias que trajo esta situación global ha sido la afectación de los derechos humanos.
El tema de la protección de los derechos humanos es un punto que ha estado en la agenda internacional desde finales del siglo XX , ya que se reconoció su papel en la seguridad internacional y están jurídicamente reconocidos por el derecho internacional. Se ha convertido en una prioridad fundamental de los Estados, principalmente los democráticos, para proteger a sus habitantes. Lo cierto es que el derecho internacional contempla la restricción o la suspensión temporal de derechos y libertades, bajo ciertas situaciones excepcionales “[y] esto es aplicable cuando existen serias amenazas a la salud pública o en un contexto de emergencia donde está en peligro la vida de la población, como es el caso de una pandemia global.”
De acuerdo a lo anterior, la pandemia y sus efectos orillaron a que los Estados implementaran acciones preventivas que limitaban estos derechos universales e inalienables. Dicho esto, ¿Cuáles son los derechos humanos que se han visto más afectados por la emergencia sanitaria? y ¿Cuáles son los retos que enfrentan los Estados para evitar que la restricción a estos derechos agrave la crisis social?
Para responder a las preguntas planteadas, es importante señalar que los derechos humanos que se han visto más perjudicados son: derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la libre circulación y el derecho a la libertad de reunión. Sin embargo, existen otros derechos humanos que también se han visto afectados a lo largo de estos meses debido a la interdependencia existente entre ellos.
El derecho a la salud probablemente es el más importante frente a la situación de la pandemia, pues además engloba una serie de dificultades con respecto a los esfuerzos y problemáticas que tiene que resolver. Por un lado, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos señaló que: “Todos nosotros, sin excepción, tenemos derecho a intervenciones que nos salven la vida. Esta responsabilidad recae en el gobierno. La escasez de recursos o el uso de planes de seguros públicos o privados jamás deberían justificar la discriminación de determinados grupos de pacientes. Todos tenemos derecho a la salud” . Bajo este argumento, el acceso a los servicios de la salud son un derecho humano universal que los gobiernos deberían convertir en un tema prioritario; no obstante, no todos tienen la misma infraestructura médica y el acceso a estos servicios puede ser limitado.
Las deficiencias del sector salud en algunos Estados encuentran sus razones en que no todos le han dado prioridad en sus presupuestos ni en sus políticas públicas. “Estas precariedades de los sistemas de salud siempre afectan en un nivel mayor a las personas de grupos más vulnerables y en el caso de una pandemia, a aquellos que se encuentran en la primera línea, el personal médico que asiste a las personas enfermas o sospechosas de la enfermedad COVID-19. En términos de derechos humanos, garantizar la salud del personal de salud y sus auxiliares es una obligación estatal reforzada”.
La falta de espacios como hospitales o centros de salud que atiendan a los infectados por el virus plantea la necesidad de reestructurar el presupuesto público para crear más de ellos y, además, invertir en investigación médica para el tratamiento de esta enfermedad también resulta fundamental para avanzar en el conocimiento de la misma. El acceso a las pruebas para detectar el coronavirus, por mucho tiempo estuvo muy restringido y representaba un costo alto pagar una prueba. A pesar de eso, ahora hay más lugares para hacerse la prueba en los que la participación de las instituciones de salud pública se hace presente y esto permite que las personas que no tienen suficientes recursos económicos puedan hacerse las pruebas.
Con respecto a garantizar que el personal médico esté protegido por su constante exposición directa al virus, se ha mencionado que son ellos a los primeros que se les debe dar acceso a las vacunas. Además, el Estado tiene el deber de brindarles “insumos, equipos, materiales e instrumentos con bioseguridad que protejan su integridad, vida y salud, y que les permita desempeñar su labor en términos razonables de seguridad y calidad.”
Sobre esta misma línea, expertos de la Organización de las Naciones Unidas han debatido sobre la calidad de la atención a las personas marginadas en los países del mundo, a nivel interno. La razón principal es que también se encuentran muy expuestas al COVID-19 debido a su limitado acceso a la sanidad, agua corriente, saneamiento, alimentos y a una vivienda digna. Frecuentemente viven en una situación de discriminación y los lugares donde viven no tienen condiciones seguras que los protejan. Este mismo caso se puede aplicar a los inmigrantes, que difícilmente son protegidos y menos aún en una situación extraordinaria como la pandemia.
Respecto a los otros derechos que se ven afectados, como el caso del derecho al trabajo, a la libertad de reunión y el derecho a la privacidad, son derechos afectados que están relacionados con las medidas impuestas por los gobiernos. Es decir, las actividades cotidianas tuvieron que adaptarse forzosamente a las condiciones requeridas.
No obstante, es imposible ignorar los altos índices de desempleo consecuencia directa de la crisis económica. Los recortes salariales y de personal en sectores públicos y privados es una realidad a la que se enfrentan muchas familias, por lo que, en muchos casos se ven en la necesidad de crear pequeños negocios informales para subsistir mientras encuentran empleos formales.
Por otro lado, aquellas personas que lograron mantener sus empleos se vieron obligadas a adaptarse a las medidas de distanciamiento social , por lo que, el home office se convirtió en una forma común de trabajar desde los hogares mediante el uso de los dispositivos electrónicos, sin exponerse a un contagio. Sin embargo, no todas las personas cuentan con las herramientas tecnológicas para desempeñar su labor desde esta modalidad.
Con respecto a la libertad de reunión, fue y sigue siendo un derecho que se limita por el simple hecho de que es más probable que las personas se contagien estando rodeadas de otras; es decir, la aglomeración de gente en espacios reducidos es sumamente riesgosa y podría ocasionar una cadena de contagio interminable. Al principio de la pandemia, era impensable realizar reuniones en los hogares por las medidas sanitarias sugeridas, pero con el paso del tiempo, estas mismas se flexibilizaron para permitir reuniones con un número restringido de personas.
Si bien es cierto que en muchos casos el aislamiento no tiene efectos positivos en las personas por la falta de interacción social, también se observó que mucha gente no fue totalmente consciente de la situación y siguió realizando reuniones durante estos meses. En efecto, la libertad de reunión es un derecho humano, pero, ¿hasta qué punto podría esto ser un argumento para no acatar las medidas preventivas establecidas por los Estados?
Por último, el derecho a la libre circulación también se vio restringido por las medidas provenientes tanto de organismos internacionales como de los Estados, con el fin de evitar mayor propagación de la enfermedad entre los habitantes y los visitantes internacionales. Para ello, el cierre de fronteras en un inicio fue una política dura de contención, lo cual ocasionó que las personas que tenían planeados viajes tuvieron que cancelarlos o aplazarse indefinidamente.
Después de un tiempo, prevaleció la necesidad de reabrir las fronteras con el objetivo de reactivar la economía a través del turismo y la movilidad nacional e internacional. Pero, las olas de contagio en realidad no han terminado y, por esa razón, la reapertura de fronteras también ha sido motivo de crítica.
Al hacer un pequeño recuento sobre cómo se han visto perjudicados algunos derechos humanos por la pandemia, no hay duda de que los efectos que trae este contexto actual se han reproducido en cadena y debido a la interdependencia existente que tienen los derechos humanos entre sí, podemos afirmar que la crisis sanitaria repercute negativamente en varios de estos derechos.
Son muchos los retos que tienen los Estados y también los organismos internacionales que luchan por la defensa de los derechos humanos. Problemas como el desempleo , la crisis económica , la falta de recursos, son solo algunas de las consecuencias que vivimos y, por lo tanto, se debería pensar en el establecimiento de paquetes fiscales de protección social a través de estímulos económicos o fiscales dirigidos a quienes tienen menos capacidad para afrontar la crisis. Ejemplo de ello podrían ser algunas soluciones como: “las bajas remuneradas por enfermedad garantizadas, prestaciones por desempleo extendidas, distribución de alimentos y la renta básica universal pueden ser una protección frente a los efectos de la crisis”.
La emergencia sanitaria es un hecho existente y que permanecerá hasta que la pandemia haya sido controlada. Bajo este contexto, los derechos humanos fueron afectados pero también se han tratado de proteger, por lo menos en los discursos políticos y en las políticas tomadas conforme las cifras de contagio disminuyen. Es deber de cada Estado , de los organismos e incluso de los individuos exigir que los Derechos Humanos sigan siendo un tema prioritario en las agendas políticas.