Gie Sánchez
gie.sanher@erreizando.com
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El siglo XXI se ha caracterizado por ser un periodo histórico donde las mujeres, frente a la infinidad de problemáticas a las que se enfrentan día a día, luchan y alzan la voz por el respeto de sus derechos, por la erradicación de la violencia y por la equidad de género en cualquier ámbito. Un claro ejemplo es el problema al que se han enfrentado las mujeres indígenas en Canadá durante los últimos 40 años, en los que se han afrontado al feminicidio masivo, solamente por ser mujeres indígenas. Esto ha generado indignación internacional porque el Estado canadiense ha ignorado la problemática, aumentando la cantidad de mujeres que son afectadas directa e indirectamente cada día.
Es importante resaltar que, según la Ley Constitucional de 1982, en el territorio canadiense se encuentran tres pueblos aborígenes: los indios, los inuit y los mestizos. Estos representan, hasta el 2020, un poco menos del 5% de la población total canadiense, pero aumentan año con año.
Aunado a ello, de acuerdo con datos presentados por Statista, la población canadiense de mujeres en 2020 era de 19.12 millones, siendo levemente mayor al 50%, lo que demuestra que las mujeres deben contar con una mayor protección por parte del Estado ante las diversas formas de violencia realizadas por los hombres. Así mismo, el gobierno debe de proporcionar órganos especializados en la discriminación por motivos de género y de raza, debido a que este es el problema principal al que se enfrentan muchas mujeres aborígenes canadienses.
Sin embargo, y a pesar de que los pueblos aborígenes canadienses sean un porcentaje muy pequeño, la mitad de dicho grupo son mujeres que han corrido grandes riesgos desde aproximadamente cinco décadas. El racismo, la misoginia y el machismo son solamente algunos de los factores que han llevado a que, sin importar su edad, ocurran casos de violencia, desapariciones e incluso asesinatos en contra de mujeres indígenas. Entre las afectadas podemos encontrar a niñas, pero al mismo tiempo encontraremos a mujeres adultas; el único aspecto en el que se ha basado cada uno de los agresores es su pertenencia a la comunidad femenina e indígena de Canadá.
El principal riesgo es sufrir violencia por parte de algún hombre debido al sistema patriarcal, el cual ubica en una posición de inferioridad a la mujer con respecto al hombre. Lamentablemente, este tipo de acciones ha dado por resultado el feminicidio canadiense.
Pero, ¿qué sucedió para que fuera considerado como un feminicidio? Es fundamental destacar que el término feminicidio, de acuerdo con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), hace referencia “al asesinato de una mujer por el hecho de serlo, como resultado de una serie de actos violentos y la manifestación más brutal de una sociedad patriarcal.” Aunado a ello, ONU Mujeres ofrece una clasificación de los feminicidios según la relación víctima-victimario, en la que, respecto al caso canadiense, destacan el “Feminicidio por otros conocidos” y el “Feminicidio de extraños”.
Ahora bien, desde la década de los sesenta, se empezó a observar un incremento en las desapariciones y asesinatos de mujeres originarias. Un claro ejemplo de dicha situación son los casos de Helen Betty Osborne, una joven de 19 años que fue secuestrada y brutalmente asesinada en la ciudad Manitoba hace 50 años; el de Tina Fontaine, una joven indígena de 15 años que en 2014 fue asesinada después de una semana de su desaparición; y el de Ada Elaine, una mujer de más de 40 años que, de igual forma, fue asesinada. Todas ellas demuestran el gran riesgo que corren las mujeres originarias en cualquier ciudad de Canadá.
En relación con lo anterior, es importante destacar los feminicidios suscitados entre los años ochenta y noventa del siglo pasado en el distrito de Downtown Eastside. En este periodo desaparecieron 69 mujeres, pero no fue hasta años más tarde, con el arresto del asesino serial Robert Pickton, que se demostró que 26 de ellas fueron asesinadas por él. Ellas compartían dos características, el formar parte de la comunidad indígena y el pertenecer a la fracción más marginada del país. Dicho acontecimiento, además de generar gran indignación en toda la comunidad, hizo pensar que este tipo de acciones no sólo sucedían en el estado de Columbia Británica, sino que también ocurrían en otras partes del territorio en las que se reportaban desapariciones y asesinatos de mujeres indígenas.
Debido a ello, la sociedad pudo observar el desinterés existente por parte del gobierno canadiense, ya que en cada mandato persistía el mismo patrón para el manejo de los casos de las desaparecidas: la ignorancia total del problema al que se enfrenta un porcentaje pequeño, pero importante, de su población. Un ejemplo de ello está en el caso de Pickton, donde el Estado comentó que lo sucedido no ocurría en todo el país y que las desapariciones no estaban vinculadas. Esto demostró que el problema de violencia contra las mujeres de la población indígena no era de importancia dentro de la agenda del gobierno.
Sin embargo, las decisiones del Estado ocasionaron que los familiares de las mujeres desaparecidas buscaran una verdadera resolución a los casos. Gracias a ello, Amnistía Internacional, una organización internacional que lucha en defensa de los derechos humanos, demostró en un informe (junio 2019) que el problema en contra de la comunidad femenina indígena se debe a la conexión que existe entre la marginalización económica, social y política, con el racismo y la misoginia de la estructura canadiense, cuestiones que derivan del colonialismo arraigado y del desinterés del Estado. Por ello se clasificó al Estado canadiense como un cómplice dentro de los feminicidios que se han dado.
En conclusión, la situación que se vive día con día dentro del espacio que habitan las mujeres aborígenes canadienses es indignante y catastrófica, más aún, ante el mal manejo que le ha dado el gobierno. Además, el —poco— interés que se observa respecto al tema desde la entrada del primer ministro Justin Trudeau, se debe a la presión que diversos organismos, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han tenido por dicha situación. Esto demuestra que la lucha de la población que está siendo afectada, directa e indirectamente, es de suma importancia para señalar las irregularidades en la materia.
No obstante, para que la lucha por las desapariciones de las mujeres aborígenes canadienses pueda continuar, es necesaria la cooperación de toda la comunidad, pues al estar dentro de un Estado que tiene poco interés en estas situaciones, se requiere que más personas alcen la voz. Se necesita obtener justicia para cada una de las mujeres desaparecidas y asesinadas; porque todas las habitantes de esa región merecen vivir en paz y sin miedo a ser secuestradas por culpa del racismo y el machismo heredados por sus antecesores.