Antonio Gallegos
antoniogallegos24@erreizando.com
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Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan.
(José Martí)
En la sociedad internacional actual, es común que un evento o proceso de gran alcance e influencia adquiera un valor pragmático, que se le confiera más importancia y que, consecuentemente, “opaque” a otros. Tal es el caso de la pandemia generada por el SARS-Cov-II, o COVID-19, la cual ha atenuado la importancia de problemáticas como la crisis medioambiental, la alimentaria y conflictos armados en todo el globo. A esta lista se suma la crisis de gobernabilidad que atañe a los Estados latinoamericanos y a sus sociedades.
Los Estados de América Latina, desde la época de sus independencias nacionales, generaron una tendencia por imitar los sistemas políticos de aquellas naciones que, desde el punto de vista occidental, eran más “civilizadas” o “desarrolladas”. Siguiendo esa costumbre y tomando en cuenta, por un lado, la integración mundial capitalista a la que llamamos globalización, y la desintegración de la URSS, por otro, surgen en el mundo las dos formas comunes de clasificar los sistemas de gobierno: las democracias y las dictaduras.
Lo anterior, sumado al pasado colonial que caracteriza a América Latina, nos ayuda a comprender de manera más profunda cómo se han constituido las instituciones políticas en la región. Es importante recordar que los gobiernos latinoamericanos han estado sujetos, de manera histórica, a los intereses de las potencias hegemónicas (Estados Unidos, especialmente) que las perciben como un punto clave en la geopolítica global, ya sea por la geografía del continente o los vastos recursos naturales que en él se encuentran. Esto ayuda a comprender la evolución de los sistemas políticos en América Latina y sirve, de igual forma, para introducir y contextualizar este análisis.
La actual crisis sanitaria y su consecuente crisis económica, agudizan, en distintos sentidos, las problemáticas estructurales ya existentes que azotan, sin que muchos se den cuenta, a los pueblos latinoamericanos. Por si esto no fuese suficiente, es evidente que la región latinoamericana enfrenta, sobre todo desde inicios del siglo XX con el surgimiento de gobiernos progresistas de izquierda, conflictos políticos y grandes olas de movimientos sociales y protestas, que encuentran su base en el cuestionamiento del actuar gubernamental y dudan, sistemáticamente, de la (in)existente democracia. Podemos decir, entonces, que lo que existe en América latina es una auténtica crisis de gobernabilidad.
¿A qué llamamos crisis de gobernabilidad? Norberto Bobbio nos aproxima a entenderla como “la relación de gobierno, es decir, la relación de gobernantes y gobernados” [1]. Si bien la concepción de gobernabilidad ha variado, sobre todo desde la década de 1970, hoy en día la entendemos como la relación compleja entre esos dos entes. Dicho esto, la crisis de gobernabilidad hace referencia a la escasa (o nula) capacidad de los gobiernos para administrar el Estado y a la sociedad que lo compone; asimismo, debe estar presente la legitimidad gubernamental, misma que está condicionada por los medios mediante los cuales se llegó al poder [2].
Pero, ¿dónde encuentra esta crisis sus cimientos? ¿Cómo se refleja en la sociedad? Cimientos: es eso lo que falta en las instituciones gubernamentales de nuestra América. Como pudimos constatar, el 2019 fue un año en que la región atrajo los reflectores del mundo debido a los múltiples estallidos sociales en las calles de las grandes urbes latinoamericanas; lo anterior fue producto de un despertar de estudiantes, obreros, campesinos y grupos vulnerables [3], quienes protestaron en contra de las administraciones plagadas de corrupción; el estancamiento económico; la desigualdad; el olvido de los derechos sociales; el cambio climático; la violencia de género e, incluso, gobiernos autoritarios.
Estas exigencias, además de ser legítimas, responden a necesidades supuestas a ser básicas, sin embargo, los gobiernos han tomado medidas represivas, desembocando en conflictos violentos entre fuerzas policiales o del ejército y la sociedad civil que participa en las manifestaciones. En este sentido, podemos identificar cuatro variantes de luchas, motivadas por objetivos particulares: los movimientos indígenas y campesinos, luchando por la tierra; los movimientos por la democratización, quienes cuestionan este sistema y aspectos como la corrupción; los movimientos por la educación, abogando porque ésta sea gratuita y un derecho universal; y, finalmente, los frentes por la justicia, contra la violencia y la impunidad [4].
A pesar de esta diferenciación categórica, todas estas causas convergen ante la urgencia de que sus demandas sean resueltas; cabe mencionar que, por lo menos en la mayoría de países latinoamericanos, la protesta, como derecho, ha sido brutalmente reprimida. En este sentido, los movimientos sociales surgidos a lo largo de la historia, desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, comparten características culturales e ideológicas y representan, sobre todo, a los sectores sociales oprimidos, a los violentados y violentadas, a quienes la desigualdad económica y el capitalismo ha condicionado a la mendicidad, a la prostitución y al robo.
Tal es el caso la República de Chile bajo la administración de Sebastián Piñera, cuyas ciudades como Santiago, Gran Valparaíso, Gran Concepción, etc., se llenaron de protestas y consignas de una forma nunca antes vista en octubre de 2019 y hasta la fecha. Este “despertar chileno” reúne algunas de las fallas sistémicas ya mencionadas, como la falta de prioridades por hacer políticas sociales; hegemonía de un solo partido político; una fuerte presencia militar; violaciones a derechos humanos; privatización de recursos indispensables y de la educación; y, sobre todo, desigualdad económica.
El inicio de las protestas en Santiago se llevó a cabo el 6 de octubre de 2019 y detonó con el aumento de treinta pesos chilenos a la tarifa del metro y diez a la tarifa de los autobuses de la capital. Sin embargo, para el 18 de ese mismo mes, las protestas habían alcanzado su punto más álgido, reuniendo a cerca de 75 mil personas en Plaza Italia, en el centro de Santiago; la madrugada del 19, el presidente había declarado estado de emergencia (evento altamente significativo), se iniciaron medidas represivas violentas y, para la noche del 19, las calles de Chile habían sido ya teñidas con la sangre de los manifestantes. Se registraron oficialmente más de 30 muertos y aproximadamente 3,500 personas heridas [5].
De la concatenación de estos eventos, surgieron múltiples demandas por parte de la sociedad chilena, siendo las dos más significativas para este análisis los dos plebiscitos solicitados: uno que tenía como objetivo la dimisión de Piñera a la presidencia y otro para cambiar la Constitución del país, misma que aún contiene parte sustancial de los “aportes” de la dictadura militar de Pinochet. Bajo las mismas motivaciones, volvió a haber marchas y reuniones políticas en febrero de este año e, incluso hace unos días, el 19 de octubre de 2020, se registró en Plaza Italia todo un festival cultural pacífico a manera de conmemoración por el año que se cumple del primer movimiento [6], sin embargo, este también fue esparcido por fuerzas policiales.
Algo parecido ocurrió ese mismo año (2019) en Colombia, bajo la administración de Iván Duque. Las particularidades del caso colombiano son la continuidad de un partido político de derecha afín a la corriente neoliberal y que, en repetidas ocasiones se ha mostrado inclinado a los intereses de Estados Unidos (lo mismo pasa en el Brasil de Jair Bolsonaro y la Argentina de Mauricio Macri). A lo anterior, se suman administraciones caracterizadas por la corrupción (caso Odebrecht); asesinatos de civiles y líderes sociales orquestados por las fuerzas Estatales; y el mal manejo de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas de la República de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) [7].
Si bien las protestas no fueron consecutivas, consistieron en múltiples paros por parte del sector obrero no sólo en Bogotá, sino también en Medellín, Cali y Barranquilla. Se calcula que estos paros causaron pérdidas económicas de casi 400 millones de dólares. El conflicto culminó en la creación del “Comité Nacional del Paro”, el cual abrió el debate para hacer reformas a las leyes pensionales, al sector financiero y para no criminalizar la protesta.Finalmente, nos encontramos con la crisis política de Bolivia, caracterizada por el golpe de Estado al expresidente Evo Morales. Este caso en particular resulta complejo de analizar por el hecho de que la legitimidad de las elecciones llevadas a cabo ese mismo año está puesta a juicio, sin embargo, sí debemos mencionar la gravedad de la destitución del Presidente y de su gabinete por medio de la fuerza militar que llevó a cabo la oposición conservadora (y hasta cierto punto fascista), encabezada por Jeanine Áñez, quien habría de proclamarse Presidenta interina.
El golpe de Estado, trajo como consecuencias directas actos de represión masiva ante las protestas ciudadanas, más de 300 muertos, una centena de heridos, un centenar de presos políticos y múltiples figuras asiladas en México en calidad de refugiados políticos (Evo, incluido en esta lista). A pesar de la gravedad de la crisis, el día domingo 18 de octubre de 2020, se llevaron a cabo elecciones en el país y, a pesar de que el resultado oficial no se ha dado a conocer, las encuestas preliminares apuntan que el ganador de la contienda fue Luis Arce, candidato del partido Movimiento Al Socialismo (MAS), dirigido por el expresidente Morales [8].
Este último caso nos encamina a la conclusión de este análisis. Como ocurrió a finales del siglo XVIII e inicios del XIX con las independencias nacionales en América, encontramos en las protestas generadas en Chile, en Colombia, en México, en Ecuador, en Bolivia y en otros países, un auténtico despertar, motivado, en buena medida, por los ideales latinoamericanos aportados por personajes ilustres como Simón Bolívar y José Martí.
Evidentemente, la región latinoamericana está atravesando por un reajuste en su geopolítica derivado de los resultados de los procesos electorales llevados a cabo desde 2017 hasta el día de hoy. De manera paralela, este proceso está generando nuevos lazos estatales, ya sea al interior o al exterior de la región, pero también está haciendo cada vez más evidentes los retos gubernamentales existentes y el descontento social en las calles.
Identificamos, en este sentido, fallas estructurales en materia de gobernabilidad entre los casos analizados. Las principales son: desgaste de partidos e instituciones políticas, traducido en pérdida de la legitimidad gubernamental; alternancia entre gobiernos de izquierda o derecha (estos últimos, como en el caso boliviano, nos demuestran que el establecer regímenes políticos de carácter autoritario sigue siendo una tentación); enormes brechas de desigualdad económica y social; y finalmente, un sistema de supremacías políticas (heredado de la conquista de América) que jerarquiza el orden social, colocando a las autoridades en la cima y desterrando a los pobres, posicionándose en la base de esta pirámide de privilegios.
Esto apunta a la conclusión de que todos los actores mencionados son parte de una misma ecuación, la cual, genera una crisis de gobernabilidad en los Estados latinoamericanos, aunque no únicamente en ellos. Sin duda, el papel que adopten los gobiernos en beneficio de los derechos civiles será muy importante, pero también lo serán las acciones colectivas de la sociedad: exigir, cuestionar, ocupar espacios gubernamentales, marchar y gritar una consigna, seguirán siendo acciones que transformen los espacios públicos. En definitiva, habrá que observar de cerca el devenir de la democracia y de la gobernabilidad en la América Latina, sumado, claro, a los estragos generados por la pandemia del COVID-19.
Notas:
[1] Norberto Bobbio, “Diccionario de política”, Biblioteca Virtual Universal, 1997. https://www.biblioteca.org.ar/libros/131821.pdf
[2] Ídem.
[3] Dentro de estos, encontramos también a las mujeres, niños, personas en situación de calle, miembros de la comunidad LGBT (+) y a pueblos indígenas.
[4] Geoffrey Peyers, “Movimientos Sociales en el siglo XXI”, 1era edición, Argentina, 2018, pp. 148-151. http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D13956.dir/Movimientos_sociales_siglo_XXI.pdf
[5] Mauricio Méndez, “El INDH cifra en 3,557 los heridos en las manifestaciones de Chile”, Notimérica, diciembre 21, 2019. https://www.notimerica.com/politica/noticia-chile-indh-cifra-3557-heridos-manifestaciones-chile-20191221012452.html
[6] S/a, “Un año después del estallido social, Chile una jornada de protestas”, Expansión, octubre 19, 2020. https://expansion.mx/mundo/2020/10/19/un-ano-despues-del-estallido-social-chile-vive-una-jornada-de-protestas
[7] Boris Miranda, “Paro nacional en Colombia: cómo se viven las propuestas (y qué piden) en algunas de las regiones más descuidadas del país”, BBC News Mundo, noviembre 30, 2019. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50606535
[8] S/a, “Elecciones en Bolivia: las proyecciones dan amplia ventaja a alUis Arce, candidato del partido de Evo Morales”, BBC News Mundo, octubre 19, 2020. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54588089